OPERACIÓN PANDORA: Más allá de la supuesta afectación al Tesoro Nacional según la DGI e investigaciones preliminares.

Artículo por: Lic. Efraín Ramos Solano MBA CPA

 

He venido siguiendo las noticias sobre el supuesto fraude por alrededor de cuarenta millones de dólares a través de manipulaciones del sistema E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos.

 

Quiero verter una opinión profesional ecuánime y equilibrada basada en mi experiencia profesional y vivencias, dentro de la institución de marras, durante el período 2015 a 2018 cuando fungí como Jefe de Control Interno de la misma.

 

Pienso que resulta injusto y tergiversado el hecho de la supuesta afectación al Tesoro Nacional y no reconocer la verdadera realidad de que los afectados resultan ser los contribuyentes que hicieron sus pagos y los mismos les fueron “borrados” tal como se desprende de las noticias vertidas a través de los medios.

 

Sustento lo dicho en párrafo anterior basado en lo que publica La Prensa (Digital) el 8 de julio de 2026, según artículo de Juan Manuel Díaz el que textualmente dice: “La investigación, a cargo del fiscal Emeldo Márquez, estableció que los funcionarios de la DGI borraban la información con la intención de que los créditos otorgados quedaran bajo pago no aplicados, para luego venderlos a una entidad crediticia por su valor real”.

 

En mi opinión profesional como Contador Público Autorizado, creo que más allá de la afectación al Tesoro Nacional, se hace obligante por parte de los auditores de la institución, investigar la real afectación a los contribuyentes que realizaron sus pagos sin que los mismos se reflejasen en su cuenta corriente dentro del sistema E-Tax 2.0 de la DGI.

 

Por otro lado, y debo decirlo, sé que resulta delicado el opinar ante situaciones como ésta que ahora es revelada, pero que en realidad se trata de un secreto a voces sobre un problema de vieja data, lo del fraude dentro de las cuentas en E-Tax 2.0 y el negocio que manejan funcionarios inescrupulosos en contubernio con empresas de gran capacidad y nivel económico.

 

Debo recalcar que esta situación estoy seguro no creo que tenga origen en los contribuyentes ubicados en los rangos de la micro, pequeña ni mediana empresa, porque en realidad son los contribuyentes de este sector económico, los realmente afectados ya que es el producto de sus pagos el que es utilizado por los delincuentes para crearles morosidades inexistentes, que luego los ponen a subir y bajar escaleras sin respuesta, ya que los trámites en la institución resultan inacabables en el tiempo sin resultados ni respuestas para los contribuyentes en la mayoría de los casos, con esperas que pasan de más de 18 y 24 meses para respuestas en su mayoría no satisfactorias para el pequeño y mediano contribuyente.

 

Por lo tanto, en mi opinión, considero una distorsión de la información la noticia en cuanto a que “…la DGI a establecido una afectación patrimonial en perjuicio del Estado que asciende a los cuarenta millones”, tal como expresa la noticia que antes he citado.

 

Y manifiesto esto ya que lo que supuestamente hacían los funcionarios dentro de la DGI, según la publicación del 8 de julio, era borrar pagos realizados por un contribuyente, lo cual tienen que hacer dentro de la cuenta corriente del mismo en el sistema E-Tax 2.0 de la institución.

 

Se debe interpretar que realizado lo señalado en el párrafo anterior, el dinero ingresado por pago de un contribuyente así afectado, el mismo queda “flotando”, es decir, queda en el aire, sin dueño, e ingresa posiblemente a un bolsón donde se acumulan muchos pagos con el mismo origen, permitiendo a los supuestos integrantes del acto delincuencial, vendiendo dichos fondos a empresas o empresarios inescrupulosos, que para tal acto, deben poseer una gran capacidad financiera.

 

Lo triste del hecho, vuelvo a recalcar, es que el realmente perjudicado resulta ser el contribuyente de pequeñas y medianas empresas quienes, habiendo realizado los pagos de sus impuestos, los mismos no se les reflejan en sus cuentas y repercute creando a los mismos una morosidad la cual la entidad le reclamará más adelante mediante acciones de cobros, que al final llegan a la esfera de acciones de cobros coactivos por parte de la vía del juzgado ejecutor de la institución.

 

Este supuesto resultado, resulta realmente una infamia contra los pequeños y medianos empresarios contribuyentes, indefensos, a falta de un ente real que los defienda.

 

Si analizamos profundamente la situación llegaremos a un punto en que se debe señalar luego de su comprobación, que existe una falta real e innegale de control interno en la institución, ya que desde la administración Varela, se han venido aplicando medidas y cambios, los cuales eliminaron lo que antes fue la Dirección de Control Interno institucional la cual en tiempo de la Administración Varela se denominó Oficina de Control Interno.  Entiendo que ya no existe en la actualidad.

 

No hay duda de que lo acontecido obliga al Ministerio de Economía y Finanzas mirar hacia atrás y revisar cómo se hacían las cosas antes de que se contara con tanta tecnología como hoy se cuenta, ya que yo soy de opinión de que en tiempos tan remotos como antes de la invasión, en el entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro, las acciones de la Dirección General de Ingresos que viene desde allá, tenía controles más férreos y estoy seguro casos como el que ahora vivimos, no los recuerdo de aquella época.

 

Mi mensaje para el actual director de ingresos es que empiece a revisar la historia de la DGI y revise lo que dejó de hacerse que permitió a las administraciones de hace alrededor de treinta años atrás, ejecutar acciones de control interno que mantuvieron esta institución libre de acciones delictuosas en aquellos tiempos.

 

Por otro lado, hacer justicia a los contribuyentes ahora mismo y hasta que se aclare plenamente la situación, suspendiendo todas las acciones de juicios coactivos y presiones de cobranza, sin haber dilucidado la actual y vergonzosa situación.  Esta acción debería considerarse obligada e inmediata.

 

Por el contrario, se debería realizar una investigación convocando a los contribuyentes indicando que quien tenga dudas sobre las deudas que aparezcan en su estado de cuenta por impuestos, se presente a la institución con los recibos de pagos que justifiquen los mismos, para que los auditores fiscales realicen las investigaciones pertinentes.

 

Esto nos llevaría a considerar, otro aspecto que también influye en dicha institución, como lo es el hecho de la cantidad de auditores fiscalizadores con que cuenta la misma para atender el universo de contribuyentes existentes. 

 

Durante la administración Varela, la DGI contaba con menos de cien auditores fiscalizadores para atender los problemas de atinentes a dicha labor, sin contar, que las administraciones regionales no cuentan con los mismos, lo cual obliga a los contribuyentes del interior del país, para atender asuntos tributarios acudiendo a la Sede de la institución en la capital.

 

Espero por tanto que esta situación se aclare plenamente sin dejar lugar a dudas, y se haga verdadera justicia a los contribuyentes quienes fueron realmente los afectados con las acciones delincuenciales de los autores del hecho.